Fentanilo, frontera y energía: cómo Washington convierte problemas distintos en una sola doctrina de presión sobre México

29-05-2026 analisis

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La palabra “seguridad” parece sencilla hasta que empieza a ordenar demasiadas cosas. Puede nombrar una amenaza real, una obligación estatal o una política pública legítima. Pero también puede operar como gramática de poder: decide qué problema merece urgencia, qué agencia debe intervenir, qué presupuesto se activa, qué frontera se endurece y qué margen de soberanía queda disponible para el país que acepta discutir en esos términos.

En la relación entre México y Estados Unidos, esa ambigüedad no es menor. El fentanilo es un problema material. La migración es un problema material. El tráfico de armas es un problema material. La infraestructura energética y las cadenas transfronterizas también lo son. La cuestión no es negar esa realidad. La cuestión es otra: qué ocurre cuando Washington traduce problemas distintos a un mismo idioma de seguridad nacional estadounidense.

Ese idioma no sólo describe. Ordena. Al nombrar fentanilo, frontera, migración, vigilancia, energía e infraestructura como partes de una misma arquitectura de seguridad, Washington no sólo enumera preocupaciones. También propone jerarquías: quién define la amenaza, quién pone las condiciones, quién administra la frontera, quién certifica la infraestructura, qué empresas reciben certidumbre y qué Estado debe justificar su margen de decisión.

Markwayne Mullin permite observar esa operación con nitidez. No porque sea el cerebro único de una doctrina contra México. Esa sería una caricatura. Su importancia está en que condensa una orientación política: trumpismo legislativo, endurecimiento fronterizo, defensa de infraestructura energética transfronteriza y, después, conducción del Departamento de Seguridad Nacional. Mullin es síntoma e instrumento. No agota Washington, pero junta piezas que suelen discutirse por separado.

Mullin como bisagra

El dato institucional es el primer escalón. Mullin no aparece sólo como senador republicano con opiniones sobre frontera. El Departamento de Seguridad Nacional lo confirmó como secretario del DHS, después de trece años en el Congreso. Ese lugar cambia el peso de sus antecedentes. Las posiciones que antes podían leerse como discurso legislativo se vuelven parte del archivo político de un actor ejecutivo que administra frontera, migración, ICE, CBP, Guardia Costera, seguridad interior y coordinación con otros gobiernos.

El segundo escalón es la relación bilateral. La SRE informó que Claudia Sheinbaum se reunió con Mullin y que delegaciones de ambos países revisaron seguridad, gestión fronteriza y migración. El comunicado mexicano no es neutro: insiste en soberanía, integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación sin subordinación. Esa fórmula es defensiva porque reconoce el problema. Cooperar no equivale automáticamente a subordinarse, pero tampoco ocurre en un terreno limpio. Cada mecanismo de coordinación define prioridades, agencias, flujos de información y márgenes de decisión.

La contradicción no es cooperación contra aislamiento. México no puede tratar fentanilo, armas, migración o frontera como si fueran asuntos puramente nacionales. La contradicción real es cooperación necesaria contra subordinación semántica de la agenda. México puede aceptar que hay problemas comunes sin aceptar que Washington nombre unilateralmente su jerarquía, sus instrumentos y su solución.

Fentanilo: crisis real, traducción política

El fentanilo es el punto más sensible porque no necesita ser inventado para ser usado políticamente. Mullin lo vinculó con China, México y el cierre de la frontera sur de Estados Unidos dentro de un mismo argumento de seguridad. La secuencia es importante: China aparece como origen de precursores o amenaza geopolítica; México aparece como territorio de tránsito o producción criminal; la frontera sur aparece como mecanismo de defensa; Estados Unidos aparece como víctima que debe endurecer su política exterior y fronteriza.

La operación no consiste en fabricar de la nada una crisis inexistente. Consiste en tomar una crisis real y convertirla en palanca de ordenamiento. Una vez que el fentanilo se formula como amenaza nacional estadounidense que entra por México, el debate deja de ser solamente sanitario, criminal o financiero. Se vuelve fronterizo, migratorio, diplomático y militarizable. La palabra seguridad permite unir registros distintos bajo una misma dirección política.

Aquí está el riesgo de las lecturas fáciles. Si se dice que el fentanilo es sólo pretexto, se pierde la materialidad del problema. Si se dice que es sólo crisis sanitaria, se pierde su uso geopolítico. La formulación más precisa es dialéctica: el fentanilo es crisis real y, precisamente por eso, puede convertirse en instrumento de presión. Las crisis más útiles políticamente no son las falsas, sino las que permiten traducir dolor social en autorización institucional.

Armas: la seguridad también corre de norte a sur

La gramática estadounidense suele ordenar la conversación desde el flujo sur-norte: drogas, migración, criminalidad que cruza hacia Estados Unidos. Pero el circuito material de la seguridad bilateral no corre en una sola dirección. El dato de ATF sobre armas recuperadas en México obliga a introducir la otra mitad del problema.

En 2024, ATF registró 25,884 armas recuperadas en México y sometidas a rastreo. De ellas, 18,249 fueron clasificadas como U.S. sourced firearms, equivalentes a 70.5%. La cautela metodológica es indispensable: ATF advierte que los datos de rastreo son investigativos, no una muestra estadística total de todas las armas usadas en delitos. Pero esa advertencia no elimina el dato. Lo delimita. No permite afirmar “todo el armamento criminal viene de Estados Unidos”; sí permite afirmar que una parte mayoritaria de las armas recuperadas en México y sometidas a rastreo en esa serie fue clasificada como de fuente estadounidense.

Ese dato desarma la unilateralidad moral del discurso. Si Washington quiere discutir seguridad, México puede responder que la seguridad no es una acusación de una sola vía. El fentanilo sube hacia el norte; las armas bajan hacia el sur. Ambos flujos alimentan mercados criminales, crisis de salud, violencia territorial y presión institucional. Ninguno absuelve al otro. Pero juntos impiden que la relación se reduzca a un tribunal donde un país acusa y el otro se defiende.

Frontera: de línea territorial a aparato permanente

La frontera, en la gramática de Mullin, tampoco es sólo una línea. Es muro, vigilancia, personal, deportación, tecnología, agencia federal, presupuesto y capacidad marítima. En su defensa del paquete conocido como One Big Beautiful Bill, Mullin planteó que el refuerzo fronterizo debía hacerse permanente mediante inversiones para muro, ICE, CBP y Guardia Costera.

Aquí aparece un movimiento político más profundo: convertir una orientación presidencial en arquitectura durable. Un muro por orden ejecutiva puede detenerse; una política financiada por ley se vuelve más difícil de revertir. La frontera deja de ser respuesta coyuntural y pasa a ser infraestructura estatal. Se sedimenta en presupuesto, contratación, tecnología y agencias.

Ese punto importa para México porque la frontera estadounidense no se queda del lado estadounidense. Cada endurecimiento reorganiza flujos migratorios, redes criminales, rutas comerciales, cooperación policial y presión diplomática. Cuando Washington vuelve permanente su aparato fronterizo, México debe administrar efectos que no decidió completamente. La frontera material está al norte; la consecuencia política cruza hacia el sur.

La pregunta, entonces, no es si Estados Unidos tiene derecho a regular su frontera. Claro que lo tiene. La pregunta es qué ocurre cuando esa regulación se conecta con una narrativa donde México aparece como origen o paso de amenazas, y donde la solución estadounidense demanda coordinación, información, contención y adaptación mexicana. Ahí la frontera ya no es límite: es dispositivo de gobierno regional.

Energía: la otra frontera

La energía muestra que la frontera no termina en migración. Mullin impulsó la Promoting Cross-border Energy Infrastructure Act, orientada a sustituir permisos presidenciales por certificados de cruce para infraestructura de petróleo, gas natural o electricidad con Canadá o México. El lenguaje no es militar. Es regulatorio: permisos, certificados, FERC, Departamento de Energía, certidumbre, plazos, infraestructura.

Pero una frontera energética no deja de ser frontera por hablar en idioma técnico. Los ductos, líneas eléctricas, permisos y certificados también organizan soberanía. Definen quién autoriza, bajo qué criterios, con qué velocidad, para qué mercados y con qué protección frente a cambios políticos. En el mapa de Mullin, la energía es seguridad económica estadounidense. No aparece como anexión ni como invasión; aparece como certidumbre regulatoria para infraestructura transfronteriza.

La trayectoria legislativa exige precisión. S.23, la iniciativa de Mullin en el 118º Congreso, no prosperó más allá de su introducción y remisión a comité. Pero la misma arquitectura reapareció en H.R.3062 durante el 119º Congreso y llegó más lejos: fue aprobada por la Cámara y enviada al Senado. La afirmación correcta no es que Mullin logró imponer su proyecto. La afirmación sólida es que la orientación institucional que expresa su proyecto siguió circulando y ganó tracción por otra vía.

Además, la energía ya era campo formal de disputa bajo el T-MEC. USTR solicitó consultas por políticas mexicanas que, según Washington, favorecían a CFE y PEMEX frente a empresas estadounidenses. El conflicto incluyó acceso a mercado, inversión, empresas propiedad del Estado, permisos, electricidad, combustibles y gas natural. Es decir: la energía no aparece sólo como infraestructura fronteriza, sino como presión comercial y jurídica.

México no discute desde el vacío

Sería un error narrar esta disputa sólo desde Washington. México no aparece como territorio pasivo sobre el que otros proyectan intereses. El nuevo marco energético mexicano consolidó a CFE y PEMEX como empresas públicas del Estado y vinculó electricidad, hidrocarburos, planeación, justicia energética, seguridad, autosuficiencia y soberanía.

Ese marco no resuelve por sí solo los problemas de capacidad, inversión, transición energética o eficiencia. Tampoco vuelve ilegítima toda crítica externa. Pero sí fija el terreno político mexicano: la energía se presenta como área estratégica, no sólo como mercado. La disputa con Washington, entonces, no es entre técnica y política. Es entre dos formas de politizar la energía: una que busca certidumbre para empresas e infraestructura transfronteriza bajo reglas comerciales; otra que intenta recentrar al Estado como rector de electricidad e hidrocarburos.

Aquí la soberanía no debe entenderse como consigna abstracta. Soberanía es capacidad de definir prioridades, ritmos, propiedad, permisos y orientación pública de sectores estratégicos. También es capacidad de cooperar sin que la cooperación obligue a aceptar el vocabulario del otro. Por eso la fórmula mexicana de “coordinación sin subordinación” importa. No es adorno diplomático. Es una línea defensiva frente a una gramática de seguridad expansiva.

El límite se ve también en la discusión sobre agencias extranjeras. Sheinbaum negó operaciones clandestinas de la CIA en México y colocó cualquier colaboración bajo Constitución y Ley de Seguridad Nacional. Ese dato no prueba una operación vinculada a Mullin ni debe usarse para inflar el argumento. Su función es más precisa: fija la frontera discursiva mexicana entre cooperación regulada e intervención inadmisible.

La disputa por el vocabulario

El núcleo del problema no es si México debe cooperar con Estados Unidos. Debe hacerlo, porque los problemas son materiales y compartidos. El núcleo es quién define qué cuenta como seguridad y qué consecuencias institucionales se desprenden de esa definición.

Si Washington logra nombrar fentanilo, migración, frontera y energía como piezas de una misma seguridad nacional estadounidense, México negocia desde un terreno inclinado. Cada tema llega ya traducido: el fentanilo exige frontera; la frontera exige vigilancia; la vigilancia exige agencias; la energía exige certidumbre regulatoria; la cooperación exige alineamiento operativo. El conjunto no necesita presentarse como doctrina escrita para funcionar como doctrina práctica.

La soberanía se erosiona de dos maneras. Una es visible: presencia extranjera, imposición directa, operación clandestina, presión explícita. La otra es más lenta: aceptar sin disputa las categorías con las que otro Estado define los problemas. Cuando eso ocurre, la subordinación no empieza en la orden, sino en el vocabulario.

Por eso el análisis no debe terminar en una denuncia simple contra Estados Unidos ni en una defensa automática del Estado mexicano. La relación es más contradictoria. México necesita cooperación, pero necesita disputar el marco de esa cooperación. Estados Unidos tiene problemas reales de drogas, frontera y seguridad, pero traduce esos problemas de formas que expanden su poder institucional. México tiene derecho a defender soberanía energética, pero debe demostrar capacidad material, no sólo voluntad jurídica. Y ambos países enfrentan flujos criminales que no respetan la comodidad narrativa de ningún gobierno.

La pregunta final no es si la seguridad importa. Importa demasiado. Precisamente por eso no puede entregarse como palabra neutral.

En este primer análisis piloto, la tesis queda así: Washington no necesita inventar una amenaza única contra México para presionarlo. Le basta con nombrar problemas distintos —fentanilo, migración, frontera, energía, infraestructura— desde una gramática común de seguridad. Esa gramática convierte crisis reales en palancas de coordinación, presupuesto, agencia, regulación y frontera. La respuesta mexicana no puede ser negar la realidad ni refugiarse en consignas. Tiene que ser más difícil: cooperar donde el problema es común, resistir donde el vocabulario subordina y construir capacidad propia donde la soberanía no puede quedarse en declaración.

Premisas base

La seguridad como gramática corporativa de Washington